De los 700 euros anuales de incremento salarial del SMI, los trabajadores deben pagar 346 euros en cotizaciones y retenciones de IRPF, mientras que las empresas asumen 214 euros adicionales en cotizaciones sociales, explica el portavoz del PP, Alfonso Esteban.
El grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Guadalajara, junto con Vox ha presentado una moción conjunta que será debatida en el Pleno de la corporación el próximo viernes 28 de febrero. La moción se centra en la reciente subida del salario mínimo interprofesional (SMI) y su impacto en las pequeñas y medianas empresas (PYMES).
El portavoz del PP, Alfonso Esteban ha criticado la forma en que el Gobierno ha implementado esta subida, “al margen del diálogo social”, y ha destacado que esta medida “supone una carga adicional de aproximadamente 914 euros al año para las empresas, con muy poco beneficio para los trabajadores”. Según los cálculos, del incremento del salario mínimo interprofesional a los trabajadores, casi la mitad se destina a cotizaciones sociales e impuestos sobre la renta, lo que resulta en una recaudación significativa para el Estado.
Así el portavoz del PP ha explicado que, de los 700 euros anuales de incremento salarial del SMI, los trabajadores deben pagar 346 euros en cotizaciones y retenciones de IRPF, mientras que las empresas asumen 214 euros adicionales en cotizaciones sociales. “Esto significa que, de los 914 euros de coste adicional para las empresas, 560 euros se destinan al Estado y solo 354 euros benefician directamente a los trabajadores”, ha asegurado Esteban.
Además, Esteban ha señalado que esta medida afectará a 2,5 millones de personas que cobran el SMI, generando un ingreso adicional de 1.400 millones de euros anuales para el Estado. Ha calificado esta situación como un “nuevo sablazo fiscal que se suma a las más de 90 subidas fiscales del Gobierno de Pedro Sánchez desde 2018”.
La moción presentada por el PP y Vox solicita al Gobierno de España que rectifique y exima del pago del IRPF la subida del SMI, para que los trabajadores puedan ver un incremento real en sus nóminas. Además, demanda que cualquier medida relacionada con las aportaciones de empleadores y trabajadores se adopte en el marco del diálogo social.
Por último, exige al Gobierno que ponga fin a la “voracidad recaudatoria” que ha caracterizado su gestión desde 2018, y que ha supuesto un incremento de 3.500 euros anuales por hogar en impuestos.
