La concejala del Grupo Popular, Itziar Asenjo, explica que esto implica, entre otras cosas, “que no se apliquen recargos de hasta el 150% del IBI en las llamadas ‘viviendas vacías’ de nuestra ciudad”

4 de noviembre de 2021- El Grupo Municipal Popular consiguió sacar adelante una moción, con el apoyo de los grupos políticos VOX y Ciudadanos, mediante la cual el Ayuntamiento de Guadalajara se compromete a no aplicar la nueva Ley de Vivienda de Pedro Sánchez, así como a instar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para que no se aplique tampoco en nuestra región.

La concejala del Grupo Popular, Itziar Asenjo, encargada de defender la propuesta recordó que el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ya adelantó que esta Ley, además de ser recurrida ante el Tribunal Constitucional, no se aplicaría en los ayuntamientos ni en las comunidades autónomas en las que gobernara el PP, sumándose ahora y gracias a esta propuesta llevada al pleno por el Grupo Popular el Ayuntamiento de Guadalajara.

Tal y como explicó Asenjo, “esto implica que no se apliquen recargos de hasta el 150% del IBI, en las llamadas “viviendas vacías” de nuestra ciudad”. “Nos encontramos ante una Ley intervencionista, anticonstitucional y suicida, que lo único que va a provocar es la reducción de la actividad constructora y la reducción de la inversión, así como que sean menos las viviendas que se pongan en alquiler, al limitar o congelar los precios de la renta a los propietarios”, añadió.

Al no tratarse de una Ley de aplicación directa, y teniendo las competencias en materia de IBI los ayuntamientos, “gracias a esta moción ha sido posible que la Ley no se vaya a aplicar en el Ayuntamiento de Guadalajara”, ha manifestado la concejala del Grupo Popular, quien quiso insistir en que “las soluciones al problema de vivienda pasan por dar seguridad jurídica con la finalidad de que vengan a España inversores, se impulse el empleo entre los jóvenes y dispongan de ingresos para poder acceder a una vivienda, así como en reformar la ley del suelo para abaratar la vivienda, liberando suelo público para que sea urbanizable, pero nunca por atacar la propiedad privada, vulnerando la Constitución con medidas intervencionistas y suicidas”.

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